| De tomar en
consideración algunas afirmaciones recientes, la censura
estaría a punto de volver a establecerse en España. Pero no
todas las opiniones coinciden con esa creencia y, por el
contrario, abundan aquellas que estiman que nos encontramos
ante la oportunidad de poner un poco de sentido común sobre
el desordenado mundo de los medios de comunicación. |
El debate no es nuevo. Hace sesenta años, en Estados Unidos,
se cuestionó que la prensa, en exceso sujeta a intereses
económicos, cumpliese con el papel que le asignaba la
democracia. Amparados bajo el paraguas de la libertad de
expresión, ¿atendían los medios el derecho a la información
de los ciudadanos? Se formó una comisión de notables,
presidida por el rector de la Universidad de Chicago, Robert
Hutchins, que llegó a la conclusión de que el mercado no
había nacido para defender la democracia y que, si se
desvirtuaban ciertos principios fundacionales, el Estado
debería intervenir para garantizar lo que llamaba "la
función social de los medios".
Hoy, en Estados Unidos, especialmente después del 11-S, el
espíritu de Hutchins vuelve a ser reivindicado. Desde una
posición netamente liberal, la comisión definía la
intervención del Estado como un mal, pero siempre menor que
la degradación de la democracia, y proponía, para evitar ese
mal, la autorregulación de los medios. Una autorregulación
ética que inscribiese su acción dentro de la cultura
democrática, con respeto a la veracidad de la información,
la pluralidad y la dignidad de las audiencias.
En los países centrales de la Unión Europea, el mundo de la
comunicación y de los medios difiere bastante de lo que
percibimos en nuestra proximidad cotidiana. Los mecanismos
de regulación y autorregulación están consolidados en todas
las naciones y alcanzan al conjunto de los medios. Los
audiovisuales aparecen sujetos al control de altas
autoridades o consejos, establecidos por ley, que velan por
el cumplimiento de normas que tienen un mínimo denominador
común: las directivas europeas de Televisión sin Fronteras.
En el resto de los medios, la labor informativa –la más
sensible a la manipulación, el control y la censura–, está
amparada por los Consejos de Prensa e instancias de
autorregulación, que aseguran el derecho fundamental de los
ciudadanos a la información.
En España, tal vez por inercias que vienen de la dictadura,
la cuestión de los medios no ha estado exenta de
complicidades, favoritismos, clientelismos e intervenciones
inherentes a la relación directa que aquí se da entre los
gobiernos y los medios. Todo conato de regulación, de
ruptura del ventajoso statu quo –para los gobiernos y los
medios–, ha sido presentado, con muy pobres argumentos, como
un intento de recuperar la censura, criterio compartido por
cierta élite de la profesión periodística, que es la primera
víctima del todo vale.
Una prueba de que el camino europeo es otro no sólo se
manifiesta en las prácticas bien diferenciadas de Francia,
Alemania, Reino Unido, etcétera, sino en la voluntad expresa
de la UE de evitar dos velocidades en materia de libertades
públicas. La resolución del Parlamento Europeo de 22 de
abril de 2004, referida a la libertad de expresión en
Europa, es clara e inequívoca, y apunta a Italia y, en menor
medida, a España, como las naciones comunitarias donde las
prácticas mediáticas están más alejadas de la cultura
democrática.
La cultura democrática, recuerdan Hallin y Mancini, autores
de un excelente trabajo sobre sistemas de medios y sistemas
políticos, busca el consenso, y en España los medios
despliegan estrategias bipolares –estos autores hablan de
democracia polarizada–, que afecta a la calidad de la vida
cívica y al espacio público. Los medios no se basan en la
riqueza y contraste de sus fuentes, sino que, con
frecuencia, confunden credibilidad con identidad ideológica.
La sobredosis editorializante y el sesgo polarizado terminan
por limitar la creación de opinión libre. Son, advierten
Hallin y Mancini, rasgos de países que han vivido cercanas
dictaduras y eluden los mecanismos de regulación y
autorregulación.
A río revuelto, la sacrosanta libertad de expresión queda en
manos de políticos y empresarios, en encuentros y
desencuentros donde cabe la extorsión, las concesiones bajo
sospecha, la parcialidad, la privatización gubernamental de
los medios públicos y los múltiples usos de la publicidad
institucional.
En este panorama, democráticamente deficitario, hay quienes
opinan que mover una coma es retornar a la censura, incluso
lo dicen algunos periodistas, que se olvidan de reivindicar
mejores condiciones profesionales (véase la creciente
precariedad en el Anuario de la Profesión Periodística,
Asociación de la Prensa de Madrid), autorregulación y
códigos éticos que restablezcan la confianza con las
audiencias y garanticen el derecho de éstas a la información
y a la dignidad de los contenidos.
Fuente:
Diario de Sevilla
Autor: Bernardo Díaz Nosty*
* Catedrático de periodismo de la
Universidad de Málaga |
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