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En el mundo hay más de ciento noventa
países. Hoy, coexisten con un número mayor de actores
poderosos, no soberanos y parcialmente independientes (a
menudo, en grado considerable) que van desde corporaciones
hasta organizaciones no gubernamentales, desde grupos
terroristas hasta carteles de narcotraficantes, desde
instituciones regionales y mundiales hasta bancos y fondos
accionarios privados. Un Estado soberano puede recibir su
influjo, para bien o para mal, tanto como influir sobre
ellos. Asistimos a una erosión del cuasimonopolio del poder
que otrora ejercieron las entidades soberanas.
Por ende, hacen falta mecanismos de gobierno regional y
global que incluyan a otros actores, además de los Estados.
Esto no significa asignar bancas en la Asamblea General de
la ONU a Microsoft, Amnistía Internacional o Goldman Sachs,
sino incluir a representantes de tales organizaciones en las
deliberaciones regionales y mundiales que puedan incidir en
la consideración, o no, de problemas regionales y globales,
así como en el modo de encararlos.
Asimismo, para que el sistema internacional funcione, los
Estados deben estar dispuestos a ceder parte de su soberanía
a los organismos mundiales. Ya lo hacen en la esfera
comercial. Los gobiernos aceptan los dictámenes de la
Organización Mundial del Comercio -aun cuando alguno en
particular les exija cambiar una práctica que aplican por
derecho soberano- porque, en última instancia, la existencia
de un orden comercial internacional los beneficia.
Algunos gobiernos están dispuestos a renunciar a ciertos
elementos de su soberanía para enfrentar la amenaza de un
cambio climático mundial. Por ejemplo, los países
signatarios del Protocolo de Kyoto, vigente hasta 2012,
acordaron fijar topes a las emisiones de determinados gases.
Lo que hace falta ahora es otro convenio para después de
2012, en el que un mayor número de gobiernos (incluidos los
de Estados Unidos, China y la India) acepten limitar las
emisiones o adoptar normas comunes, basándose en el
reconocimiento de que ellos mismos saldrían perjudicados si
ningún país lo hiciera.
Todo esto indica que es preciso redefinir la soberanía para
que los Estados puedan hacer frente a la globalización. Esta
trae aparejado un aumento del volumen, velocidad e
importancia de los flujos internos e internacionales de
personas, ideas, gases de efecto invernadero, mercaderías,
dólares, drogas, virus, mensajes electrónicos, armas y
muchas otras cosas. Es un reto a un principio fundamental de
la soberanía: la capacidad de controlar las fronteras. Los
Estados soberanos tienden cada vez más a no medir su
vulnerabilidad respecto de otros Estados, sino de las
fuerzas que escapan a su control.
La globalización implica, pues, que en realidad la soberanía
no sólo se está debilitando: necesita debilitarse. Los
Estados deberían tener la sensatez de debilitar su soberanía
para protegerse, puesto que no pueden aislarse de lo que
sucede en otros lugares. La soberanía ya no es un refugio
sagrado.
Esto quedó demostrado por el modo en que Estados Unidos y el
resto del mundo reaccionaron frente al terrorismo.
Derrocaron al gobierno afgano de los talibanes que había
acogido y mantenido a Al-Qaeda. Del mismo modo, la guerra
preventiva de Estados Unidos contra Irak -que había
desairado a la ONU y, supuestamente, poseía armas de
destrucción masiva- demostró que la soberanía ya no daba una
protección absoluta. Imaginen cómo reaccionaría el mundo si
se enterara de que algún gobierno se propone usar o
transferir un artefacto nuclear, o de que ya lo ha hecho.
Muchos sostendrían correctamente que la soberanía no ampara
a ese Estado.
La necesidad también puede llevarnos a reducir o aun
eliminar la soberanía cuando un gobierno, ya sea por
ineptitud o por carecer de una política consciente, es
incapaz de cubrir los requerimientos básicos de sus
ciudadanos. No es una mera cuestión de escrúpulos: vemos que
la desintegración del Estado y el genocidio pueden provocar
flujos desestabilizadores de refugiados y dar pie a que el
terrorismo eche raíces.
La intervención de la OTAN en Kosovo fue un ejemplo de cómo
varios gobiernos decidieron violar la soberanía de otro (el
de Serbia) para poner fin a la limpieza étnica y el
genocidio. En cambio, las masacres de hace una década en
Ruanda y las actuales en Darfur (Sudán) muestran cuánto
cuesta respetar la soberanía, por considerarla suprema, y
hacer poco para impedir la matanza de inocentes.
Por lo tanto, debemos concebir una soberanía condicional y
aun contractual, más que absoluta. Si un Estado no cumple
sus obligaciones contractuales -si financia el terrorismo,
usa o transfiere armas de destrucción masiva o lleva
adelante un genocidio- pierde los beneficios normales de la
soberanía y se abre a un ataque, la remoción de su gobierno
o una ocupación. El reto diplomático de estos tiempos es
ganar un amplio apoyo de los principios de conducta estatal
y hallar un procedimiento para "prescribir los remedios"
cuando se violen dichos principios.
El objetivo debería ser redefinir la soberanía para esta era
de la globalización, encontrar un equilibrio entre un mundo
de Estados absolutamente soberanos y un sistema
internacional de gobierno mundial o de anarquía. Hay que
preservar la idea básica de soberanía, todavía útil para
refrenar la violencia entre Estados. Pero es preciso
adaptarla a un mundo en que los principales desafíos al
orden no provienen tanto de las acciones recíprocas entre
Estados, sino más bien de lo que las fuerzas globales les
hacen a ellos y lo que los gobiernos hacen a sus pueblos.
Richard N. Haass es presidente del Council on Foreign
Relations y autor del libro The Opportunity: America´s
Moment to Alter History´s Course.
Fuente:
La
Nación.com
Autor: Richard N. Haass
Traducción de Zoraida J. Valcárcel |
