Me llamo Enrique Ruiz Prieto. Soy abogado y asesor fiscal en Sevilla, y dirijo mi propio despacho profesional, denominado Ruiz Prieto Asesores.
Desde hace años acompaño a autónomos y pequeñas empresas en la gestión de sus obligaciones tributarias, en la planificación de sus decisiones financieras y en la defensa de sus intereses frente a la Administración.
A lo largo de este tiempo, he aprendido que el asesoramiento fiscal no es solo una cuestión técnica, sino una herramienta esencial para la supervivencia y el crecimiento de cualquier negocio.
Cuando cualquier persona pone en marcha su actividad, suele hacerlo movido por la pasión por su oficio o por una idea de negocio. Sin embargo, pronto descubre que el éxito empresarial no depende solo del talento o del esfuerzo, sino también de algo menos visible pero igual de importante: la correcta gestión de sus obligaciones tributarias y legales.
En España, el sistema fiscal es complejo, cambiante y muy exigente con el cumplimiento formal. Por eso, el asesoramiento fiscal debe entenderse como una inversión, no como un gasto. Un buen asesor no se limita a “llevar los impuestos”, sino que planifica, previene y orienta. Su función es anticiparse a los problemas, optimizar los recursos y garantizar la seguridad jurídica del negocio. En Ruiz Prieto Asesores trabajamos bajo esa premisa, aportando a pymes y autónomos seguridad y un asesor con quien sentarse para que le oriente en la toma de decisiones de su negocio.
Más allá de las obligaciones: el asesor fiscal como socio estratégico
A menudo explico a mis clientes que un asesor fiscal eficaz no puede trabajar de espaldas al Derecho, del mismo modo que un abogado empresarial no puede ignorar la técnica tributaria. La realidad del autónomo o de la pyme exige una figura híbrida, un profesional que combine el rigor del abogado con el conocimiento práctico del asesor fiscal. Esta unión de perspectivas permite ofrecer un servicio integral, en el que se valoran las implicaciones jurídicas, económicas y contables de cada decisión.
Pensemos, por ejemplo, en la elección de la forma jurídica del negocio. No es lo mismo operar como autónomo que constituir una sociedad limitada conforme al Real Decreto Legislativo 1/2010, de la Ley de Sociedades de Capital. Esta decisión afecta a la tributación, pero también a la responsabilidad patrimonial, a la gestión contable (regulada por el Plan General Contable, RD 1514/2007) y a la proyección futura del negocio. De igual modo, elegir entre el régimen de estimación directa o el de módulos en el IRPF (Ley 35/2006) no puede hacerse sin un análisis profundo de los ingresos, gastos y perspectivas de crecimiento.
Estos son ejemplos cotidianos, pero reveladores. Detrás de cada trámite aparentemente administrativo hay decisiones estratégicas que pueden marcar la diferencia entre la estabilidad y el riesgo.
Por tanto, el asesor fiscal no solo debe gestionar impuestos, sino también optimizar las decisiones empresariales, distinguiendo distintos regímenes de tributación directa como es el IRPF y sociedades; planificar el IVA y otros impuestos indirectos; analizar la forma jurídica más adecuada; coordinar la contabilidad, etc.
Fiscalidad y digitalización
La digitalización de la Agencia Tributaria ha elevado aún más la exigencia técnica. Con sistemas como el Suministro Inmediato de Información del IVA o la próxima implantación de la facturación electrónica obligatoria, los errores se detectan con rapidez. En este nuevo entorno, la asesoría fiscal tradicional debe evolucionar hacia un modelo de asesoramiento digital y preventivo, donde el profesional utilice herramientas de control y automatización, pero mantenga siempre el criterio jurídico y la cercanía con el cliente. En nuestro despacho hemos integrado esa transformación, utilizando la tecnología como apoyo, no como sustituto del juicio profesional.
He visto a demasiados autónomos y pymes perder tiempo, dinero y tranquilidad por intentar gestionar solos sus obligaciones fiscales, o por delegarlas en servicios puramente mecanizados. No se trata de “presentar modelos”, sino de entender el negocio, de interpretar la norma (como permite la Ley General Tributaria en su art. 12), y de aplicar la estrategia fiscal más adecuada a cada caso.
Beneficios directos del asesoramiento fiscal continuo
El asesoramiento integral de un negocio permite además afrontar con solidez los procedimientos de inspección o comprobación por parte de la administración pública.
Conocer los derechos del contribuyente y el procedimiento administrativo (Ley 39/2015 y Ley 29/1998, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa) marca la diferencia entre una simple revisión y una sanción injusta.
Un asesor puede representar al cliente, fundamentar jurídicamente sus alegaciones y, si es necesario, defender su posición ante los tribunales con plena coherencia entre la contabilidad, la norma tributaria y la estrategia legal.Por consiguiente, el autónomo o la pyme que invierte en un asesoramiento fiscal-jurídico completo no está pagando por cumplir con Hacienda, sino que está protegiendo su negocio, su patrimonio y su tranquilidad. Está delegando en un profesional que se convierte en su socio estratégico, alguien que no solo reacciona ante los problemas, sino que los previene.
